En San Pedro, y otras regiones del Paraguay, somos testigos de invasiones de propiedades privadas, cuyos dueños poseen grandes extensiones de tierra en diversas zonas del país.
La situación general provoca enfrentamientos entre los principales protagonistas, campesinos y hacendados, lo que posibilita inclusive actos de violencia entre los mismos.
Los reclamos que se escuchan de uno y otro lado son aparentemente válidos. Los campesinos manifiestan que debe primar su derecho a la tenencia de la tierra que consideran suya, por ser paraguayos, y por consiguiente su derecho a la explotación de las mismas. Por otro lado, los propietarios de las tierras sostienen que tienen un derecho legítimo a la tenencia de la tierra, que ya poseen, y que por sobre todo se debe respetar la propiedad privada.
Ambas posturas parecen correctas, y de hecho lo son. Entonces, veamos dónde podrían estar los errores. Por el lado de los campesinos, si bien su reclamo es válido, no lo es su forma de pedir el respeto de sus derechos. El hecho de no tener tierras, no brinda la posibilidad, ni legaliza, una invasión. La violación a la propiedad privada, sea de quien sea, es ilegal, y por lo tanto excluye la posibilidad de negociación. ¿Por qué? Sencillamente porque quien está en situación irregular no puede exigir, por medios irregulares, que se salvaguarden derechos que él está violando en otras personas.
Por el lado de los propietarios de las tierras, éstos tienen derecho a las mismas siempre y cuando hayan sido adjudicados con las mismas por medios lícitos. Si no es así, el Estado debe investigar la situación y expropiar las tierras que hayan sido mal habidas, si eso llegara a constatarse.
La participación del Estado es fundamental en este tema. Si el mismo sienta postura y se decide a trabajar para solucionar estos problemas a corto plazo, cada quien va a conseguir lo que legalmente le corresponde.
Es necesario delimitar los derechos de cada parte y salvaguardarlos. Cuando esto se logre, con la legislación vigente, se debe desarrollar una política y reforma agraria coherente y adecuada a la realidad del país y sus habitantes.
Mientras el presidente se auto excluya de las decisiones porque “es responsabilidad del gobierno entrante” y éste último, por su incapacidad de actuar al no haber asumido aún, no se hagan partícipes de la situación, sólo se apoyará la ilegalidad.
La situación general provoca enfrentamientos entre los principales protagonistas, campesinos y hacendados, lo que posibilita inclusive actos de violencia entre los mismos.
Los reclamos que se escuchan de uno y otro lado son aparentemente válidos. Los campesinos manifiestan que debe primar su derecho a la tenencia de la tierra que consideran suya, por ser paraguayos, y por consiguiente su derecho a la explotación de las mismas. Por otro lado, los propietarios de las tierras sostienen que tienen un derecho legítimo a la tenencia de la tierra, que ya poseen, y que por sobre todo se debe respetar la propiedad privada.
Ambas posturas parecen correctas, y de hecho lo son. Entonces, veamos dónde podrían estar los errores. Por el lado de los campesinos, si bien su reclamo es válido, no lo es su forma de pedir el respeto de sus derechos. El hecho de no tener tierras, no brinda la posibilidad, ni legaliza, una invasión. La violación a la propiedad privada, sea de quien sea, es ilegal, y por lo tanto excluye la posibilidad de negociación. ¿Por qué? Sencillamente porque quien está en situación irregular no puede exigir, por medios irregulares, que se salvaguarden derechos que él está violando en otras personas.
Por el lado de los propietarios de las tierras, éstos tienen derecho a las mismas siempre y cuando hayan sido adjudicados con las mismas por medios lícitos. Si no es así, el Estado debe investigar la situación y expropiar las tierras que hayan sido mal habidas, si eso llegara a constatarse.
La participación del Estado es fundamental en este tema. Si el mismo sienta postura y se decide a trabajar para solucionar estos problemas a corto plazo, cada quien va a conseguir lo que legalmente le corresponde.
Es necesario delimitar los derechos de cada parte y salvaguardarlos. Cuando esto se logre, con la legislación vigente, se debe desarrollar una política y reforma agraria coherente y adecuada a la realidad del país y sus habitantes.
Mientras el presidente se auto excluya de las decisiones porque “es responsabilidad del gobierno entrante” y éste último, por su incapacidad de actuar al no haber asumido aún, no se hagan partícipes de la situación, sólo se apoyará la ilegalidad.
