La prórroga del mandato de las autoridades municipales electas en el 2006, que fue sancionada en la tarde de hoy, es la muestra más fehaciente del verdadero distanciamiento que existe entre la ciudadanía y los miembros del Poder Legislativo.
En la decisión de aumentar un año más el mandato de los intendentes (aún pendiente de definición en el Poder Ejecutivo) no primó para nada un criterio colectivo, sino un criterio meramente partidario y sectario. A la mayoría de los legisladores, salvo honrosas excepciones, les pareció mucho más importante sostener la necesidad de mantener el sistema de prebendas y clientelas antes que el derecho soberano del pueblo a elegir a quién quiera y por el periodo de tiempo que quiera.
Más allá de las interpretaciones legales o no, algunas con fundamento y otras con una forzada justificación que raya lo sin sentido y que evidencia la escasa capacidad de debate de la representación parlamentaria, lo que hoy se violentó, es la voluntad del pueblo y la capacidad de este a participar en la toma de decisiones.
Estos intendentes, que se candidataron a sus propias internas partidarias sabiendo que iban a durar cuatro años en sus funciones y por qué, tuvieron suficiente descaro de perder el tiempo que podían utilizar para trabajar para hacer una segunda campaña en el parlamento para continuar en sus cargos y hacer lo mismo que ya venían haciendo durante el periodo que cumplen actualmente; nada.
Lo peor de toda la situación es que, sorpresivamente, quien paga impuestos, circula por calles destruidas y aguanta un sistema municipal burocrático y gigantista, nunca fue consultado al respecto. Juan Pueblo nunca tuvo la oportunidad de entrar a su propio recinto (el parlamento) a expresar su propia opinión. Nunca se consultó si la gente, esa sufrida gente, quiere premiar con un año más a sus actuales autoridades o si quiere mandarlas gentil y afectuosamente (porque no existe otra forma legal) a sus casas.
En este punto y por lo expuesto se puede volver al mismo debate que hace poco tiempo teníamos; esta democracia que tenemos ¿es realmente participativa o lo es sólo cuando eso conviene a los que están en sus bancas con fueros?
Lugo debe vetar este atropello y los parlamentarios deben hacerlo también, de lo contrario se expondrán nuevamente a que cobre fuerza la idea de otros pocos de sostener la lucha de clases y disolver las instituciones porque estas no funcionan.
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